EEUU ofrece recompensa por Luis Motta Domínguez y Eustiquio Lugo

EEUU Ofrecen $5 millones de recompensa por información que conduzca al arresto del mayor general Luis Motta Domínguez, ex ministro de Energía Eléctrica. La misma cantidad ofrecida por el GB Eustiquio Lugo, que estuvo en equipo de Motta.

El Gobierno de los Estados Unidos ofreció una recompensa de $5 millones por el exministro de Energía Eléctrica de Venezuela, Luis Motta Domínguez, y el exviceministro de Finanzas Eustiquio José Lugo Gómez, a quienes Washington sancionó por «corrupción».

Luis Alfredo Motta Domínguez es un ex Mayor General de la Guardia Nacional de Venezuela. Sus otros cargos en el gobierno venezolano incluyen Intendente de Protección de Derechos Socioeconómicos y Ministro de Desarrollo Integral de la Región Estratégica Central (esta región incluye los estados venezolanos de Aragua, Carabobo, Miranda, Vargas y Yaracuy; así como el Distrito Capital).

Motta Domínguez también ocupó el cargo de Presidenta de la Empresa Socialista Caminos de Aragua, Venezuela. En 2015, Motta Domínguez fue nombrado presidente de la Corporación Nacional de Electricidad (Corpoelec) y posteriormente, ese mismo mes, fue nombrado ministro de Electricidad.

Motta Domínguez fue sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) el 27 de junio de 2019, de conformidad con la Orden Ejecutiva 13692, Bloqueo de Propiedad y Suspensión de Entrada de Ciertas Personas Contribuyentes a la Situación en Venezuela. En la misma fecha, Motta Domínguez fue imputado por conspiración para cometer lavado de activos y lavado de instrumentos monetarios en el Sur

Distrito de Florida. Motta Domínguez también fue sancionada con otros funcionarios venezolanos por Canadá en noviembre de 2017 bajo la Ley de Justicia para Víctimas de Funcionarios Extranjeros Corruptos.

Según la acusación formal, Motta Domínguez y un cómplice supuestamente otorgaron a tres empresas con sede en Florida más de $ 60 millones en contratos de adquisición con Corpoelec a cambio de sobornos pagados a ellos o para su beneficio. La acusación además alega que la actividad ilegal fue un esquema de soborno que violó la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero e involucró delitos de soborno en Venezuela. Según los cargos, una parte sustancial de los ingresos de los contratos corruptos fue blanqueada a través de instituciones financieras estadounidenses utilizando cuentas bancarias ubicadas en el Distrito Sur de Florida.

 

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